Diagnóstico legal y fiscal de tu actividad.
Evaluación de viabilidad para participar en contrataciones públicas.
Inscripción como proveedor del Estado (SIPRO, COMPR.AR, RIUPP, BAC CABA, entre otros).
Corrección de registros existentes y subsanación de errores.
Identificación de rubros aplicables y procesos activos.
Evaluación legal de pliegos técnicos y de bases y condiciones.
Acompañamiento en la elaboración de ofertas, recopilación de documentación y constitución de garantías.
Asesoramiento jurídico durante todo el procedimiento licitatorio.
Presentación de impugnaciones e interposición de recursos administrativos dentro de los plazos legales.
Defensa integral de los intereses del cliente en caso de resultar adjudicado.
Intervención en certificaciones de servicios, redeterminación de precios, prórrogas e interposición de reclamos por mora o falta de pago del Estado.
Defensa en procedimientos sancionatorios (multas, apercibimientos, inhabilitaciones).
Resolución de controversias en sede administrativa y judicial.
Cierre contractual y recuperación de garantías.